Sociedad civil reclama justicia para Parcco y Pomatambo
Este lunes se dicta la sentencia del caso en la Sala Penal Nacional
El 22 y 23 de octubre de 1986 dos
patrullas del Ejército detuvieron, asesinaron, incineraron y
desaparecieron los restos de doce personas, incluidos niños y ancianos,
que habitaban en las localidades de Parcco y Pomatambo (Ayacucho). Un
primer proceso del caso logró establecer:
1. La existencia y
ejecución del plan operativo PLAN 017 entre la noche del 22 de octubre y
la madrugada del 23 de octubre de 1986, en las localidades de Pomatambo
y Parcco Alto, cuyo objetivo era la captura del presunto terrorista
“Cazely”.
2. Que los siete detenidos en Pomatambo fueron trasladados a Parcco Alto, junto con el cadáver de “Cazely”.
3. Que las patrullas
ingresaron a la vivienda de los agraviados Reynaldo Ramírez Buitrón,
quien fue asesinado por impactos de bala al igual que sus dos menores
hijos (12 y 8 años) y sus dos ancianos padres (84 años).
4. Que la muerte de
los doce pobladores de Pomatambo y Parcco Alto no se produjo en el
contexto de un enfrentamiento con las patrullas del Ejército.
5. Que los soldados trasladaron los restos para quemarlos y arrojarlos en distintos lugares.
6. Se estableció la identidad de los integrantes de ambas patrullas del Ejército que participaron en el operativo.
Sin embargo, dicho proceso terminó con la incomprensible absolución de los acusados, a pesar de reconocer que los pobladores de Parcco Alto fueron muertos en manos de miembros del EP, sentencia que atenta contra la autonomía y dignidad del pueblo peruano.
Familiares
del caso. En la imagen se observa a Donato Ramírez Rivera, muerto a los
84 años, su cadáver incinerado y destruido por miembros del Ejército.
Consideramos que no se trata de
desconocer la valiente labor de las FF.AA. en la lucha contra el
terrorismo, sino de hacer justicia con los ciudadanos que fueron ASESINADOS,
ya sea por el terrorismo de Sendero o por el mismo Estado peruano. Está
demostrada la responsabilidad del acusado Agustín Jorge Tuya López en
el actual proceso. Desde la sociedad civil esperamos que se haga
justicia este lunes, por el bien y la reconciliación de la Nación.
La Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú
trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
